En 1992 se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de Ceuta, que tenía que haberse revisado en el año 2000, sin embargo la Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana del 92 no se aprobó incialmente hasta agosto de 2014 (los trabajos se iniciaron en 2005). La Ley del Suelo exige la paralización de las licencias urbanísticas durante 2 años, período en el que debe aprobarse definitivamente la nueva normativa. Pues bien, ese plazo finalizó el pasado mes de agosto y como no se ha producido la aprobación definitiva, vuelve a entrar en vigor el plan del 92. Además de la pérdida de tiempo, sería difícil cuantificar el costo económico para los contribuyentes, porque no sólo se trata de los honorarios de la consultora contratada y de los sueldos de los técnicos municipales, sino del perjuicio generado por la paralización de las licencias y consecuentemente el de las obras de nueva planta en la ciudad durante dos años.

El despropósito en el que se ha convertido la revisión del PGOU no es más que el reflejo de la gestión urbanística que se ha venido haciendo en nuestra ciudad, en general, en las últimas décadas. El urbanismo puede determinar la supervivencia o la decadencia de una ciudad (por el momento estamos en el segundo caso), todo dependerá de la capacidad que tenga para dar respuestas a medio y largo plazo a los cambios socio-económicos que se producen en una ciudad y en sus alrededores. Está claro que por el momento nuestro planeamiento ni se plantea esos retos a los que nos enfrentamos, entre otras cosas, porque los desconoce.

Para que un planeamiento sea útil debe apoyarse sobre tres conceptos: DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN y GESTIÓN.

Antes de decidir una normativa urbanística de la importancia de un Plan General, sería necesario tener un diagnóstico que muestre los problemas existentes y los que puedan aparecer en un futuro próximo. Para ello no sólo hay que limitarse al termino municipal, también a su entorno, porque nuestras peculiaridades geoestratégicas implican consideraciones que no tienen nada que ver con las de una ciudad en el centro de la meseta ibérica. Tener una frontera natural como el estrecho de Gibraltar y otra administrativa, social, política, económica… como el Reino de Marruecos, confieren unas características únicas a un territorio que puede verse alteradas de inmediato ante cualquier contingencia a uno u otro lado de nuestra geografía. Si no somos capaces de comprender lo que sucede y dejamos que nuestros problemas sean resueltos desde Madrid o que cada institución competente tome sus medidas sin ningún tipo de coordinación, al final no resolveremos nada y los problemas se irán haciendo más complejos y difíciles de resolver.

El mejor ejemplo lo encontramos en el tratamiento de la frontera, el puerto, la red viaria o la falta de suelo, posiblemente los que mayor perjuicio están ocasionando a la ciudad y que no tienen reflejo alguno en la Revisión. Es cierto que un Plan General por sí solo no tiene el alcance para dar una respuesta jurídica a tales retos, pero la solución no puede estar en la inacción o en proyectos incoherentes e inútiles sin un diagnóstico previo, algo que a día de hoy no existe, ni a nivel del término municipal, ni mucho menos en su entorno terrestre y marítimo (en este punto es importante precisar que el hecho de que en una memoria aparezca la palabra diagnóstico, no quiere decir que su contenido sea el requerido, en este sentido, se debiera ser mucho más crítico con la aceptación de proyectos y sus documentos, pero para ello hace falta leérselos y comprenderlos antes de aprobarlos).

Gracias al diagnóstico se podrá empezar a tejer una serie de relaciones entre todos los colectivos implicados (sociales, económicos, educativos, culturales, políticos…) que será primordial a la hora de hacer partícipes a la población del devenir de una ciudad. De nuevo, es importante recordar que la participación en la redacción de un planeamiento no debe, no puede, limitarse a la exposición (más bien consulta) pública de los documentos técnicos y a las alegaciones, la participación hay que fomentarla desde el inicio de los trabajos, no al final, llevando las propuestas a las barriadas, a los organismos, a los colectivos... y debatirlas con ellos.

Es la clave para todo buen desarrollo, pero requiere que un grupo multidisciplinar (no solamente arquitectos e ingenieros) pueda, en función de los problemas detectados en el diagnóstico, reflexionar, proponer y programar una serie de acciones, a medio y largo plazo. Sin embargo es ahí en el tiempo, donde aparecen los primeros problemas. Desgraciadamente los tiempos urbanísticos vienen marcados por los ciclos electorales y más concretamente por los planes de inversiones, donde no hay cabida para una reflexión sosegada, y mucho menos en una programación realizada por tecnócratas en la que es más importante alcanzar unos objetivos, independientemente de que sean los idóneos para dar respuesta a los problemas. El “sometimiento” de la planificación urbana a las legislaturas se podría resolver siempre y cuando hubiera cierta estabilidad política, bien por obtener una mayoría suficiente, bien por tener la capacidad de alcanzar acuerdos sobre temas urbanísticos con el resto de grupos. En el caso de Ceuta, lo más grave es que tenemos un partido que lleva gobernando con mayorías absolutas desde 2003, y sin embargo no ha sabido rentabilizarlo desde un punto de vista urbanístico, todo lo contrario, en lugar de seguir una planificación (inexistente a todos los niveles competenciales) se tiende a actuar de manera impulsiva e improvisada en función de las noticias aparecidas en prensa, de las visitas ministeriales, de las elecciones o de las quejas de colectivos que ejercen presiones buscando en muchos casos sus propios intereses y no los generales. Hoy en día es muy fácil establecer canales de comunicación donde las diferentes instituciones (locales o estatales) y los ciudadanos (colectivamente o individualmente), puedan acceder a los diagnósticos previos para a continuación expresar sus opiniones y sus propuestas. Ahora bien, después hay que analizar esas sugerencias y determinar cuáles atienden al interés general y cuáles son viables, para lo cual es necesario establecer un criterio (algo de lo que carecemos en nuestra ciudad) para saber qué se hace, cómo, cuándo y porqué.

La transferencia de ciertas competencias urbanísticas a los ayuntamientos (planes parciales, planes especiales y estudios de detalle) ha agilizado la gestión, pero también ha sido en muchos casos un inconveniente, pues ha dado demasiada autoridad y libertad a nuestros políticos para decidir, facilitando por un lado la corrupción y por otro al arbitrariedad en las decisiones, encontrándonos alcaldes que deciden el devenir de nuestras ciudades como si de su finca particular se tratara, convirtiéndose a la vez en arquitectos, en ingenieros, en historiadores, en sociólogos, en constructores, en promotores… El problema es que una ciudad es un ente mucho más complejo y requiere la participación de equipos multidisciplinares capaces de proponer los planes y de llevarlos a cabo. Pero si ese equipo está formado por cargos políticos asesorados por algún técnico (que ocupa un puesto de confianza), el resultado será el que tenemos en la actualidad, constantes modificaciones puntuales del PGOU, operaciones urbanísticas que no cumplen la normativa vigente o que no solucionan los problemas existentes, una revisión del Plan General que no es útil… por supuesto con el consiguiente perjuicio económico que todo ello conlleva.

De nada sirve un planeamiento si después no se concreta, bien porque no haya una oficina dotada de medios técnicos y humanos que se dedique a ello, bien porque lo aprobado sea tan mediocre que haya que improvisar constantemente soluciones a problemas no resueltos, bien por la indefinición que da lugar a múltiples interpretaciones por parte de los técnicos, bien por los caprichos de las autoridades que piensan más en inauguraciones que en resolver problemas. Una mala gestión lleva consigo un alto coste económico. ¿Cuántos reconocimientos de deudas por vía judicial lleva la Ciudad abonado en los últimos años?

La concretización del planeamiento sería mucho más sencilla si se realizaran previamente las fases antes mencionadas, si se hiciera un diagnóstico y se realizara una planificación. A ello ayudaría el consenso entre todos los colectivos, que sólo se logra si han participado, de una manera u otra, desde el inicio del proceso, de lo contrario, se crearán suspicacias y desconfianza (en muchas ocasiones con fundamento), tanto en las propuestas como en sus promotores, ya sean técnicos o políticos. La confianza en nuestros decidores es vital y la comunicación el principal instrumento para lograrlo, pero no se trata de una comunicación tradicional, sino de una comunicación digital. Las redes sociales permiten, además de un diagnóstico constante, un seguimiento en tiempo real de las actuaciones por parte de todos, así cualquier contratiempo debidamente justificado sería asumido sin problema por los ciudadanos. ,Ahora bien, para que haya confianza es necesario una transparencia total, algo que por ahora no existe.

Además de una inversión en nuevas tecnologías para la comunicación, la participación y la coordinación entre instituciones y ciudadanía, hay otra inversión fundamental en la gestión y que debiera tenerse en cuenta desde la planificación. La monitorización de la ciudad (sobre todo en infraestructuras) permitiría una optimización de nuestros limitados recursos. No se trata de invertir porque ahora está de moda hablar de ciudades inteligentes (no es la tecnología la que convierte una ciudad en inteligente, sino las personas que estás detrás del planeamiento urbanístico y de su gestión), sino de ahorrar dinero con un control exhaustivo del funcionamiento de las redes de transportes, de los servicios administrativos, de los consumos energéticos, hidráulicos... El principal escollo para implantar esas tecnologías no es el económico, más bien la mentalidad de quienes tienen que decidir esa inversión.

Además de trabajar en el DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN y GESTIÓN es necesario un cambio de mentalidad para afrontar los desafíos a los que se enfrenta la ciudad y que tienen en el urbanismo uno de sus principales instrumentos para mejorar la calidad de vida.

Imaginemos que Ceuta fuera una entidad aislada desde todos los puntos de vista, geográfico, político, económico, energético, hidráulico... En estas condiciones estaremos obligados a resolver los problemas por nuestros propios medios, sin ningún tipo de ayuda exterior, optimizando al máximo nuestros recursos (naturales y humanos) y nuestras oportunidades. ¿Sería posible una autonomía en este sentido? En otros lugares con condiciones más extremas lo hacen, pero ello requiere una mentalidad investigadora de la que carecemos. Preferimos acudir y ponernos a merced de lo que decidan las administraciones con competencias en Ceuta (Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Fomento…), sin hacer muchos esfuerzos por encontrar soluciones con nuestros propios medios, posiblemente debido a un complejo de inferioridad, o quizás a que el dinero procedente desde Madrid y Bruselas nunca nos ha faltado.

¿Qué podemos hacer desde un punto de vista urbanístico?

La Ciudad Autónoma no ha sido capaz de revisar el Plan General del 92, ni tan siquiera de plantearse qué hacer ante los tres principales obstáculos urbanísticos para frenar la decadencia de la ciudad, la frontera, el puerto y la falta de terrenos. No es excusa la limitación que tiene un Plan General de Ordenación Urbana para actuar sobre terrenos (y mares) que no son de su competencia, habrá que acudir a una normativa superior, por ejemplo a un Plan Director Territorial de Coordinación que evidentemente, y al igual que ocurre con el PGOU, deberá ser aprobado por Madrid. Un Plan Director permitiría proposiciones que afectan al conjunto de la ciudad, de tal manera que el puerto, la frontera, costas... ya no serían temas "tabúes" en la ordenación. Para su redacción habría que cambiar de mentalidad porque no podemos seguir cayendo en el mismo error que se comete en Ceuta y en muchas otras ciudades (por parte de las autoridades y de los técnicos redactores), tratando un planeamiento como un mero documento administrativo en el que se distribuyen superficies y edificabilidades en función de unos porcentajes, en lugar de pensar en un proyecto arquitectónico al que después se le dará forma de documento administrativo.

Ceuta necesita ser pensada como un solo proyecto y no como un conjunto de intervenciones y planeamientos independientes e inconexos.

Antes de redactar un Plan Director Territorial de Coordinación hay que pensar qué tipo de ciudad queremos y cómo nos vamos a posicionar ante nuestro entorno más inmediato, antes esas ciudades del norte de África con las que ya estamos competiendo (y perdiendo) y con las que deberíamos complementarnos. No podemos seguir viviendo de espaldas a una realidad que nos afecta directa e indirectamente. En algunos aspectos aún tenemos algunas ventajas que potenciadas, nos permitirían diferenciarnos, pero hay que aprovecharlas con hechos y no con palabras.

La mejor manera de hacer esa reflexión es mediante un concurso de ideas (que daría lugar a otros concursos de menor escala sobre zonas más específicas), eso sí, con unas convocatorias basadas en los criterios del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, para evitar que los concursos se conviertan en un mero trámite burocrático en los que prime la idea (no confundir con la imagen), la rapidez en la redacción de los proyectos o los honorarios del equipo (al igual que existe un banco de precios para las obras de construcción, la administración local podría tener unos honorarios mínimos para la redacción de proyectos). También es fundamental que el jurado tenga criterio y que esté compuesto por técnicos cualificados y de reconocido prestigio y no sólo por políticos o por técnicos con una calificación insuficiente para valorar un proyecto arquitectónico.

En nuestra ciudad tenemos ejemplos de lo útiles que pueden ser los concursos.

También de los perjuicios que pueden generar si no se tiene criterio por parte del jurado o por parte del político que decide un tipo de "concurso" para adjudicárselo a un arquitecto en concreto. Un mal jurado dara lugar a un mal proyecto y lo terminaremos sufriendo todos durante muchos años.

En ocasiones los políticos piensan que la administración puede ahorrarse dinero y tiempo, encargando proyectos de cierta entidad a los propios técnicos municipales, pero el resultado no es siempre satisfactorio, no porque no sean competentes, sino porque no disponen del tiempo y de los medios necesarios para redactarlos con todas las garantías.

El desarrollo urbanístico de una ciudad no es tarea exclusiva de un equipo de gobierno, es un asunto primordial para la supervivencia de una ciudad y requiere la implicación de todos. Quizás nuestros dirigentes actuales no sean conscientes del desastre al que nos dirigen, en tal caso los ciudadanos tenemos la obligación de involucrarnos, en la medida de nuestras posibilidades y desde nuestra independencia, en un debate público que evite la deriva a la que nos lleva la gestión urbanística de nuestros políticos.